Denunciamos ante la CNMC más de 300 casos de familias que no han podido acceder al bono social por las trabas de las eléctricas
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha presentado esta mañana en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una denuncia con un total de 330 casos de familias numerosas que no han podido acogerse al bono social de la electricidad, a pesar de cumplir los requisitos, por las trabas que han encontrado por parte de algunas eléctricas en el proceso de tramitación de esta tarifa social.
Tras conocer que había multitud de familias afectadas, la FEFN decidió actuar y poner los hechos en conocimiento del órgano de control de la competencia, ante la posibilidad de que se estén vulnerando derechos de las familias numerosas, a las que legalmente les corresponde el acceso al bono social.
Durante varias semanas, y en colaboración con sus Asociaciones de toda España, la FEFN ha estado recogiendo los expedientes de las familias afectadas, incluyendo en la documentación los motivos alegados en cada caso por las compañías eléctricas. Éstos varían, pero en general se concretan en la pérdida del expediente y la obligación, para el interesado, de tener que volver a presentar toda la documentación, o el requerimiento de ciertos documentos no necesarios, como los DNI de los niños o la Declaración de la Renta, que en ningún caso son necesarios para la tramitación del bono social. También se han dado casos de padres separados o divorciados con hijos en régimen de custodia compartida, a los que se les exigía que estuviesen empadronados en el mismo domicilio.
La CNMC analizará ahora lo presentado por la Federación Española de Familias Numerosas para dilucidar si realmente las eléctricas han incurrido en algún incumplimiento.
Tras detectar que muchas familias tenían dificultades para poder tramitar el bono, la FEFN quiso actuar al entender que se podrían estar vulnerando derechos de las familias numerosas, a las que la normativa actual reguladora del bono social de la electricidad considera un colectivo vulnerable y, por tanto, beneficiario de esta tarifa social.
