Confirmada la prórroga del Bono Social de la electricidad con un 65% de bonificación en el consumo hasta junio

Ene 12, 2024 | Histórico

El pleno del Congreso ratificó ayer la prórroga de la bonificación ampliada del bono social de la luz, que actualmente supone un 65% de reducción en el consumo frente al 25% habitual en esta tarifa social (80% para consumidores vulnerables) y que seguirá así hasta el mes de junio de este año, como medida extraordinaria de apoyo a las familias. El Gobierno decidió en diciembre prorrogar esta bonificación ampliada, pero su aprobación era provisional, ya que tenía que ser refrendada por el Congreso, junto al resto de las iniciativas recogidas en tres Reales Decretos presentados por el Ejecutivo a finales de 2023.

Ya con el respaldo del Congreso, los beneficiarios del bono social de la electricidad, entre ellos, las familias numerosas, verán reducida su factura de electricidad en un 65% en la parte del consumo (no el resto de conceptos) y sólo hasta un máximo bonificable, y siempre que cumplan los requisitos de esta tarifa social.

También han quedado confirmadas otras medidas anticrisis recogidas en el mismo Decreto, como mantener el IVA al 0% en alimentos básicos y al 5% para las pastas y aceites; la limitación a las subidas del precio del gas y del butano, y la prohibición de interrumpir los suministros básicos de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables por impagos. En cuanto al IVA de la electricidad, que también se había reducido como medida anticrisis, se mantiene rebajado, aunque algo menos, ya que sube al 10% durante 2024, con la idea de ir incrementando de forma progresiva hasta alcanzar el 21%, su porcentaje habitual. En lo que respecta al gas natural, también queda aprobado un menor IVA, pero del 10%, aunque solo durante el primer trimestre del año.

También quedan aprobadas, validadas por el Congreso, las bonificaciones para toda la población en el transporte público, incluyendo el tren en Rodalíes, Cercanías y Media Distancia; la prohibición de los desahucios para personas vulnerables, la limitación a la subida de los alquileres (3% máximo) o la subida de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital.